Este viernes 25 de marzo en Washington DC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH recibió a organizaciones chilenas y latinoamericanas de protección de derechos de la infancia y juventud, en una audiencia temática sobre la situación de la niñez mapuche en Chile, en presencia de representantes del Estado chileno.
La Fundación Anide en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), presentaron el Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, que documenta una cincuentena de casos de violaciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes mapuche en Chile, perpetradas por instituciones del Estado de Chile, incluida la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años.
Las organizaciones relataron casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, golpeados con armas de fuego, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus establecimientos educacionales y comunidades, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados, y el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.
La presentación estuvo a cargo de Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE, que fueron acompañados por Georgina Villalta, Miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. (REDLAMYC).
Luego de la exposición de la situación que viven muchos niños, niñas y adolescentes mapuche de comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales, el Estado chileno tuvo su turno para manifestarse respecto a estas denuncias, a través del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Angel González.
“Afirmaciones un poco subjetivas, extremas, y que en definitiva que no se condicen con la realidad“, desestimó el representante del Gobierno de Chile, sobre las denuncias realizadas, rechazando que la situación sea tan “catastrófica”. González dijo que “puede haber algunos casos”, pero sólo reconoció que existen tres adolescentes mapuche, y que tendrían participación en hechos de violencia, agregando que “no hay ninguna política de Estado destinada a reprimir el movimiento mapuche”.
Para la representante de la Fundación Anide y el vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, esta postura demostró la poca relevancia que le da el Estado chileno a las graves vulneraciones denunciadas, tratando de evitar su responsabilidad como principal garante de los Derechos de las niñas y los niños en Chile, y minimizando el conflicto por los temas pendientes con el pueblo mapuche.
“Nos parece grave que el Gobierno diga que se trata sólo de cinco comunidades conflictivas que usan métodos violentos para su protesta, siendo que a la fecha existen 49 casos de comuneros mapuche que han sido imputados por Ley Antiterrorista, cinco de ellos personas menores de 18 años”, precisaron los representantes de Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, indicado además, que hay centenares de comuneros que han sido detenidos en el marco de la protesta social mapuche por la legítima recuperación de sus tierras ancestrales.
Sobre el desconocimiento del Estado a las denuncias planteadas en la audiencia, Ana Cortez Salas declaró su asombro desde Washington, luego de la audiencia. “Me parece impresentable que el Gobierno diga que no sabe de qué casos estamos hablando, ya que sólo hemos expuesto casos que han sido de dominio público, como el caso del niño de 14 años que fue secuestrado en un helicóptero el año 2009, amenazado con ser lanzado al vacío si no delataba a los comuneros que se habían tomado un fundo aledaño”, sostuvo la antropóloga.
“Se trata de acciones vulneratorias de derecho que han perpetrado las instituciones del Estado de Chile, tales como policías de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicios de Salud que se niegan a constatar lesiones o daños físicos y psicológicos, o las minimizan; establecimientos educacionales que se prestan para detenciones arbitrarias e ilegales, o que sencillamente se ven sobrepasados por el accionar de la fuerza pública. ¿Como es posible que el gobierno presente como argumento el desconocimiento del accionar de sus propias instituciones, las que se encuentran bajo su mando?”, agregó la coordinadora del Proyecto Pichikeche de Fundación Anide.
“Además, es un desconocimiento grave de la situación de desprotección en la que están los niños y niñas mapuche en sus comunidades frente a las instituciones del Estado”, señaló Carlos Muñoz. Para el vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, “Todo esto hace más urgente el establecimiento de una Ley de Protección Integral de la Niñez, generada con la participación activa los niños, niñas y sociedad civil; y de una defensoría autónoma de la niñez, que fue solicitada en esta audiencia. Además, ya que sin esta figura los niños, las niñas y sus comunidades no tienen mecanismos de protección frente a las instituciones del Estado”.
Muñoz indicó que la motivación de esta audiencia ha sido dar a conocer estas graves vulneraciones de derecho de niños y niñas mapuche, para que el Estado de Chile se haga cargo de generar las condiciones para investigar las vulneraciones denunciadas, castigar a quienes resulten responsables, reparar y prevenir futuras vulneraciones de Derechos de las instituciones frente a los niños y las niñas.
Para el Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, quien también participó en la reunión en su calidad de Relator y Comisionado, sigue siendo preocupante la situación de la niñez mapuche en Chile. “…tiene como contexto la aplicación de una Ley Antiterrorista que fue formulada en un régimen autoritario y que sigue siendo aplicada por un gobierno democrático”, algo que “espanta a la Comisión”, observó el Relator Paulo Sérgio Pinheiro. El representante del Estado chileno, por su parte, planteó que la Ley Antiterrorista está siendo estudiada para su modificación y que su Gobierno tiene la voluntad de no aplicarla.
“El segundo problema es la inexistencia de una Ley de Protección Integral de la Niñez, siguiendo las determinaciones de la Convención de los Derechos del Niño”, agregó el Relator de la Niñez Pinheiro, y recordó al Estado de Chile que sigue pendiente la atención de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones generales de 2007 que recomendó una protección especial para niños indígenas en Chile, y el cumplimiento de principio de la no discriminación. Junto a esto, el Relator de la Niñez de la CIDH solicitó al Estado chileno que envíe un catastro de los casos de adolescentes o que eran adolescentes cuando fueron detenidos y por qué delitos fueron procesados.
La Fundación Anide en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), presentaron el Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, que documenta una cincuentena de casos de violaciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes mapuche en Chile, perpetradas por instituciones del Estado de Chile, incluida la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años.
Las organizaciones relataron casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, golpeados con armas de fuego, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus establecimientos educacionales y comunidades, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados, y el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.
La presentación estuvo a cargo de Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE, que fueron acompañados por Georgina Villalta, Miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. (REDLAMYC).
Luego de la exposición de la situación que viven muchos niños, niñas y adolescentes mapuche de comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales, el Estado chileno tuvo su turno para manifestarse respecto a estas denuncias, a través del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Angel González.
“Afirmaciones un poco subjetivas, extremas, y que en definitiva que no se condicen con la realidad“, desestimó el representante del Gobierno de Chile, sobre las denuncias realizadas, rechazando que la situación sea tan “catastrófica”. González dijo que “puede haber algunos casos”, pero sólo reconoció que existen tres adolescentes mapuche, y que tendrían participación en hechos de violencia, agregando que “no hay ninguna política de Estado destinada a reprimir el movimiento mapuche”.
Para la representante de la Fundación Anide y el vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, esta postura demostró la poca relevancia que le da el Estado chileno a las graves vulneraciones denunciadas, tratando de evitar su responsabilidad como principal garante de los Derechos de las niñas y los niños en Chile, y minimizando el conflicto por los temas pendientes con el pueblo mapuche.
“Nos parece grave que el Gobierno diga que se trata sólo de cinco comunidades conflictivas que usan métodos violentos para su protesta, siendo que a la fecha existen 49 casos de comuneros mapuche que han sido imputados por Ley Antiterrorista, cinco de ellos personas menores de 18 años”, precisaron los representantes de Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, indicado además, que hay centenares de comuneros que han sido detenidos en el marco de la protesta social mapuche por la legítima recuperación de sus tierras ancestrales.
Sobre el desconocimiento del Estado a las denuncias planteadas en la audiencia, Ana Cortez Salas declaró su asombro desde Washington, luego de la audiencia. “Me parece impresentable que el Gobierno diga que no sabe de qué casos estamos hablando, ya que sólo hemos expuesto casos que han sido de dominio público, como el caso del niño de 14 años que fue secuestrado en un helicóptero el año 2009, amenazado con ser lanzado al vacío si no delataba a los comuneros que se habían tomado un fundo aledaño”, sostuvo la antropóloga.
“Se trata de acciones vulneratorias de derecho que han perpetrado las instituciones del Estado de Chile, tales como policías de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicios de Salud que se niegan a constatar lesiones o daños físicos y psicológicos, o las minimizan; establecimientos educacionales que se prestan para detenciones arbitrarias e ilegales, o que sencillamente se ven sobrepasados por el accionar de la fuerza pública. ¿Como es posible que el gobierno presente como argumento el desconocimiento del accionar de sus propias instituciones, las que se encuentran bajo su mando?”, agregó la coordinadora del Proyecto Pichikeche de Fundación Anide.
“Además, es un desconocimiento grave de la situación de desprotección en la que están los niños y niñas mapuche en sus comunidades frente a las instituciones del Estado”, señaló Carlos Muñoz. Para el vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, “Todo esto hace más urgente el establecimiento de una Ley de Protección Integral de la Niñez, generada con la participación activa los niños, niñas y sociedad civil; y de una defensoría autónoma de la niñez, que fue solicitada en esta audiencia. Además, ya que sin esta figura los niños, las niñas y sus comunidades no tienen mecanismos de protección frente a las instituciones del Estado”.
Muñoz indicó que la motivación de esta audiencia ha sido dar a conocer estas graves vulneraciones de derecho de niños y niñas mapuche, para que el Estado de Chile se haga cargo de generar las condiciones para investigar las vulneraciones denunciadas, castigar a quienes resulten responsables, reparar y prevenir futuras vulneraciones de Derechos de las instituciones frente a los niños y las niñas.
Para el Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, quien también participó en la reunión en su calidad de Relator y Comisionado, sigue siendo preocupante la situación de la niñez mapuche en Chile. “…tiene como contexto la aplicación de una Ley Antiterrorista que fue formulada en un régimen autoritario y que sigue siendo aplicada por un gobierno democrático”, algo que “espanta a la Comisión”, observó el Relator Paulo Sérgio Pinheiro. El representante del Estado chileno, por su parte, planteó que la Ley Antiterrorista está siendo estudiada para su modificación y que su Gobierno tiene la voluntad de no aplicarla.
“El segundo problema es la inexistencia de una Ley de Protección Integral de la Niñez, siguiendo las determinaciones de la Convención de los Derechos del Niño”, agregó el Relator de la Niñez Pinheiro, y recordó al Estado de Chile que sigue pendiente la atención de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones generales de 2007 que recomendó una protección especial para niños indígenas en Chile, y el cumplimiento de principio de la no discriminación. Junto a esto, el Relator de la Niñez de la CIDH solicitó al Estado chileno que envíe un catastro de los casos de adolescentes o que eran adolescentes cuando fueron detenidos y por qué delitos fueron procesados.
